El diputado local, Arturo Pérez Flores advirtió que el recorte al proyecto de presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), se debió a que “no manifestaban gastos prioritarios, y consideramos que sí se puede hacer un esfuerzo en materia de austeridad y lograr un ajuste en los gastos”, resaltó.
Pérez Flores expuso que “había partidas que no eran claras, por ejemplo, el año que concluyó (2023) pidieron más recursos para capacitaciones electorales, sin ser un año electoral; en 2024, otra vez piden esas capacitaciones, es decir, están duplicando rubros”.
Consideró, además, que en el rubro de los sistemas de conteos rápidos “también son demasiado caros; es ahí donde pueden ajustarse los costos y hacer que el presupuesto alcance”, recomendó el congresista. Dentro del paquete económico para el 2024, aprobado en diciembre pasado por los diputados que integran la LV legislatura, al IMPEPAC se le asignaron 340 millones 712 mil 314 pesos.
El Impepac buscaba recursos por poco más de 459 millones de pesos, que servirían para la operatividad de la dependencia, así como para la realización del proceso electoral, pero que representaban un 116 por ciento más que en 2023.
El anteproyecto que entregó el IMPEPAC al Ejecutivo, a fin de integrarlo en la glosa del paquete económico para este año, se contemplaron los materiales electorales, el gasto de 48 consejos distritales y municipales, así como la contratación de personal eventual.
Además de las prerrogativas a partidos políticos entre las que destacan las actividades ordinarias para la obtención del voto como publicidad y materiales, entre otros.
El año pasado, el órgano electoral requirió un recurso por 262 millones 595 mil 261 pesos con 76 centavos, los cuales servirían para su operatividad, prerrogativas a los partidos políticos y la organización de los comicios; sin embargo, el Congreso local autorizó sólo 247.1 millones de pesos como presupuesto en 2023. A finales de año, requirió una ampliación presupuestal de 7 millones de pesos, a fin de cumplir con el pago de una sentencia ordenada por los tribunales.