Raful Barrios García, director general de la Asociación de Microempresarios y Programas Asistenciales (Amipac) con sede en Cuernavaca, expresó su pesar por la falta de involucramiento de las autoridades en el proceso de reordenamiento del comercio ambulante. Según él, la falta de organización ha perjudicado a sus agremiados, quienes han resultado ser los más afectados por esta situación.
A pesar de los operativos realizados para retirar a los comerciantes ambulantes, en lugar de disminuir, ha aumentado el número de puestos sin licencia en las principales avenidas. Esto representa una competencia desleal para el sector establecido, ya que estos puestos no pagan los permisos correspondientes y operan con total impunidad.
Barrios García destacó las diferencias en los requisitos que deben cumplir: “A nosotros se nos exige un carnet sanitario, la aprobación de Protección Civil, estar registrados en Hacienda, mientras que ellos simplemente colocan un logotipo o un emblema de sus grupos sindicales, lo que les permite operar. Desconocemos cómo funcionan sus procedimientos, pero están perjudicándonos seriamente”.
Además de estos desafíos, el entrevistado señaló que los altos índices de inseguridad, como los asaltos y los robos menores, también afectan a los empresarios. Debido al temor a la delincuencia, los dueños de locales cierran cada vez más temprano, lo que afecta las ventas.
“Aquellos negocios o puestos que solían esperar ventas fuertes después de las nueve o diez de la noche ya no pueden hacerlo. Aunque no hemos experimentado extorsiones en la asociación, sí hemos sido víctimas de asaltos y robos menores. Representamos a pequeños negocios en áreas populares y, desafortunadamente, los delincuentes rara vez son detenidos. Nuestro enfoque principal ha sido negarles la entrada, ya que a veces resulta que son vecinos. En el primer semestre, hemos registrado cinco asaltos que nos han obligado a cerrar antes”, explicó.
Las colonias de Lagunilla, Granjas y Altavista continúan siendo consideradas áreas de alto riesgo, y a pesar de los niveles constantes de delincuencia, los empresarios a menudo optan por no denunciar debido a la falta de confianza en las autoridades.