Ayer informamos en estas páginas sobre el asesinato de Antolín Castro Castellanos, secretario de Comerciantes Unidos del Mercado “Hermenegildo Galeana” de Cuautla. Los sujetos que lo atacaron lo hicieron en su negocio: una carnicería en ese mismo mercado. Momentos más tarde pero en esa misma ciudad, una vendedora de alimentos intentó esconderse en un negocio de pizzas en donde terminó por recibir las balas que le quitaron la vida.
Hoy publicamos, más adelante, que los campesinos organizados se han quejado de que bandas criminales exigen tributo ya sea por hectárea sembrada o por toda la cosecha, extorsión en la que se puede ir hasta la mitad de lo que hubiera esperado obtener el campesino tras toda una temporada dedicada al trabajo agrícola, con todos los esfuerzos y sacrificios que ello implica.
En el campo y en la ciudad, los criminales se pasean impunes y piden “impuestos” sin importarles si secan económicamente a una ciudad entera -como está sucediendo en Cuautla, de donde los empresarios están huyendo literalmente- incluso cerrando la actividad que es el uno de los motores más importantes como es la zafra y la cosecha de la caña. Ellos demandan 50 mil pesos por camión cañero o éstos simplemente no pasan.
Ya no hacen falta, pero diariamente se obtienen mayores pruebas de la ineptitud de las autoridades de seguridad en el estado del que ya se quiere librar el actual gobernador con licencia dejándolo sumido en una grave crisis en casi todos los frentes.
Como, por ejemplo, en la falta de apoyos reales para la pérdida de las cosechas del 2023 que muchos municipios siguen esperando y que, tememos, nunca van a llegar. Así, la mayoría de los campesinos morelenses se tendrían que hacer cargo simplemente con sus medios y con los magros apoyos municipales para tratar de encarar una nueva temporada que parece estar condenada antes de empezar por la prolongación de la sequía. La Comisión Estatal del Agua ya aceptó que, así como están las cosas, simplemente no hay suficiente líquido para la siembra.
Y, por si algo hiciera falta, está el crimen organizado, ese al que no le importa destruir familias o acabar con industrias ni con lo que queda del campesinado en Morelos porque ellos no invirtieren, simplemente amenazan y se enriquecen a cosa del trabajo ajeno.
Como se reportó ayer, Antolín Castro Castellanos había sido pieza fundamental en las denuncias por extorsión en contra de los comerciantes del mercado, delito cuya incidencia aumentó aún más después del incendio al centro de abasto, y es razonable pensar que ese fue el motivo de su asesinato, igual que, en el caso de la vendedora de alimentos, probablemente sea un ejemplo de lo que pasa cuando no se paga el derecho de piso.
Se le llama “tormenta perfecta” cuando las fuerzas de la naturaleza parecen ponerse de acuerdo para pintar el peor escenario para las embarcaciones, en este caso, en plena sequía, los campesinos parecen enfrentar una en tierra: todo está en su contra, y en la nuestra también pues somos sus principales consumidores.