El fraude y la extorsión mediante llamadas telefónicas es una faceta de la delincuencia que ha avanzado en nuestro país de manera notable a pesar de que lo hace contra todas las probabilidades.
Por un lado, el fraude telefónico busca engañar a la víctima y la persuade de proporcionar datos personales -incluso números de cuentas bancarias y claves de seguridad- o, de plano intenta convencerla de que es su día de suerte -con supuestos concursos y hasta ofertas laborales- pero que antes debe aportar una cierta cantidad de dinero. Por otro lado, las extorsiones conllevan violencia en forma de supuestos secuestros -los criminales pueden fingir que han capturado a un miembro de la familia- o amenazas en contra del patrimonio o del negocio familiar.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2020 y 2022 este tipo de delitos se incrementaron en un cincuenta por ciento y el año pasado, tan solo en los primeros cinco meses se denunciaron 45 mil 308 actos de fraude, de éstos, los criminales lograron su propósito en el 92 por ciento de las ocasiones. Además, habría que calcular los casos que no se denuncian, ya sea porque el monto defraudado no fue significativo o por falta de confianza en que las autoridades pueden hacer algo al respecto. Según el INEGI, en Morelos solo se denuncia el 9.2 por ciento de los delitos.
De acuerdo a la información del SESNSP, en nuestro estado se reportaron 850 intentos de fraude tan solo en los primeros cinco meses del al año pasado, lo que lo colocó como el número 15 a nivel nacional, como siempre, muchos para un estado tan pequeño.
Este tipo de delitos afectan directamente al patrimonio de las victimas y no se limitan al uso del teléfono, pues también se han incrementado los cibernéticos y se ha llegado al caso de que bandas criminales reproducen fielmente sitios de bancos e instituciones para hacer creer a sus víctimas -quienes entran a ellos por iniciativa propia- que la llamada o el correo es legítimo. Esta falsificación -aunque fácilmente detectable si se es cuidadoso y se lee con atención la dirección de Internet que aparece en el navegador- ha hecho sonar las alarmas de instituciones enteras que han tenido que salir al público a desmentir supuestas inversiones que se promueven en Internet, como el reciente caso de PEMEX, o del INBAL que también tuvo que negar oficialmente que se estuvieran ofreciendo trabajos vía telefónica.
El teléfono es un medio que no requiere el engorro de los fraudes cibernéticos que incluso pueden ser trasnacionales, el teléfono celular es un recurso accesible para perpetrar este tipo de delitos y lo inusitado del tema es el alto grado de efectividad que tienen a pesar de lo improbable de que sean reales las amenazas u ofertas; además, se calcula que arriba del 90 por ciento de este tipo de llamadas se originan desde alguna cárcel y que es muy probable que hayan marcado al teléfono de la víctima al azar.
Desde luego, la solución pasa por los esfuerzos institucionales y de gobierno, pues la localización del origen de llamadas fraudulentas, la persecución de los delincuentes y la sensibilización que requiere la ciudadanía para protegerse este tipo de actividades, está mucho más allá de las posibilidades de un ciudadano común y corriente.
Por lo pronto, no está de más recordar algunas recomendaciones: para el caso de las extorsiones, conservar la calma, no caer en el juego y denunciar el caso inmediatamente; nunca está de más contactar a la familia para corroborar que estén fuera de peligro; para los fraudes: tomar datos de quienes se comunican y verificar personalmente con las instituciones bancarias si fueron ellos los que nos buscan, y recordar que si algo suena muy bueno para ser verdad, muy probablemente no lo sea y que los billetes no los regalan a cambio de monedas.