El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, adelanta que pronto habrá sentencias condenatorias y sanciones ejemplares contra exfuncionarios que incurrieron en delitos durante la administración del exgobernador, Graco Ramírez Garrido.
No se trata del total de las denuncias que el gobierno del estado ha hecho en contra de los exfuncionarios, parte porque algunas no contaban con elementos probatorios de delitos y otras porque habían prescrito, pero para Salazar Núñez más de 35 acusaciones en contra de quienes colaboraron con el exmandatario, y del propio Ramírez, llevarán a condenas.
Más allá de la reivindicación anhelada por la sociedad morelense que ha esperado por cinco años que se castigue a quienes percibe como parte de una de las administraciones más corruptas en la historia de Morelos, las probables sanciones tendrían que incidir en dos líneas que, a la larga, pueden resultar mucho más relevantes: primero, la reparación del daño que las conductas sancionables habrían causado al erario morelense, y segundo, el ejemplo para evitar que casos de desfalcos, abuso de poder, ejercicio indebido del servicio público y otros delitos que la Anticorrupción intenta fincar, no se repitan nunca, o por lo menos no lo hagan tan frecuentemente.
La tardanza evidente en la procuración de justicia en el estado parece mucho mayor cuando se trata de delitos cometidos por servidores y exservidores públicos. Parte de ello deriva de la complejidad de las redes de corrupción de cada uno de los casos, y otra de las limitaciones operativas que padece la Fiscalía Anticorrupción y le impiden avanzar con celeridad en la integración y consignación de carpetas de investigación. Otra parte radica, sin duda, en las diferencias notorias en los criterios de ministerios públicos y juzgadores, que permiten desechar casos que aparecían como bastante sólidos para lograr el castigo.
Estas dilaciones en la acción de la justicia, sin duda, han servido para que la corrupción siga siendo una marca lamentable en los gobiernos de Morelos. Las constantes denuncias contra funcionarios municipales, estatales y federales pueden leerse como derivadas de un sistema que permite la corrupción dado que los cambios que derivarían de sentencias firmes en contra de funcionarios abusivos no se han presentado salvo en una decena de casos.
La información que tiene la Fiscalía Anticorrupción sobre los esquemas de actuación de la ilegalidad en el servicio público de Morelos, sin embargo, podrían ser un aporte adicional para una reforma del servicio público que tendiera a por lo menos reducir la posibilidad de cometer delitos en el servicio público. Tal aporte podría cerrar la pinza para lograr que, además de los castigos a quienes abusaron de la confianza de los morelenses y el ejemplo al resto de los servidores públicos, se gestara una reforma profunda del Estado cuyo objetivo fundamental fuera erradicar la corrupción.
De otra forma, estaremos en un círculo vicioso que seguirá lesionando a las instituciones y la confianza ciudadana.