Un juez de control y juicios orales vinculó a proceso penal a seis exfuncionarios de la administración del exgobernador Graco Ramírez, tres de ellos por peculado y el resto por ejercicio ilícito del Servicio Público.
La mañana del miércoles, durante una audiencia oral, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción lograron que un Juez vinculara a proceso por Peculado al exsecretario de Hacienda Jorge “N” y a los extesoreros Armando “N” y Carlos Alberto “N”.
Este último también fue vinculado por ejercicio indebido del servicio público, al igual que, Jorge “N”, exsubsecretario de Presupuesto; y Salvador “N” y Gerardo “N”, quienes tuvieron a su cargo la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, los exfuncionarios realizaron, aprobaron o tuvieron conocimiento, cada uno en distinto grado por la responsabilidad de su encargo, 87 solicitudes de pago a favor de la empresa Tevom Cómputo y Sistemas S.A. de C.V., que recibió un total de 31 millones 560 mil 639 pesos con 22 centavos.
Además, se informó de supuestos servicios de consultoría, negocios y administración corporativa y de asesoría en gestión de programas, de los que no existe evidencia que se hayan realizado. El dinero presuntamente fue distraído de una partida que estaba destinada a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Se advirtió que el recurso no fue etiquetado para su aplicación, tampoco se cumplió con los debidos procesos enmarcados en la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos, para realizar un gasto de esa magnitud, e incluso se sabe que fueron tomados de partidas para apoyos sociales.
El monto pagado, considera el acusador, debió realizarse una licitación pública y celebrarse un contrato, respaldos que no existieron, por ello, ante los datos de prueba y la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción, los exfuncionarios fueron vinculados a proceso y el Juez otorgó tres meses para el cierre de la investigación.
Por ello, los exservidores públicos fueron imputados por Peculado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público y el Juez concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.