Lo que debería ser una fiesta ciudadana, en la que la comunidad se prepare para estudiar las diversas propuestas de quienes tendrán la responsabilidad de conducir los gobiernos en el futuro inmediato, cada vez se asoma con mayor insistencia una mano que algunos ven como negra.
No se trata del juego sucio que, cuando se lo propongan, podrían controlar las instituciones electorales, sino la del crimen organizado que, como lo es todo lo del tema de seguridad, parece haber rebasado desde hace tiempo a los encargados de mantener la tranquilidad en el estado.
La diputada Paola Cruz decidió que una candidatura no valía tanto como su integridad física y declinó ser candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Cuautla pues recibió amenazas de muerte vía telefónica. Como se lee en la nota que encontrará más adelante, las amenazas contra la diputada son el tercer acto registrado de violencia en contra de actores políticos de Cuautla.
El cuatro de enero, el regidor Alfredo Giovanni Lezama Barrera, de asuntos de la juventud y precandidato a diputado local por el Partido Acción Nacional, fue asesinado en un gimnasio en aquel municipio.
El doce de febrero, la camioneta del periodista digital Andrés Salas fue baleada, su hermano fue herido y su chofer murió en el atentado.
Habría que sumar la balacera que recibió la casa de Miguel Barranco García, regidor de Cuautla, líder cañero, y que busca la reelección. Atentado del que ninguna autoridad se ha pronunciado; solo el Obispo Castro Castro, en su homilía de ayer se atrevió a comentar que el ataque podría tener su origen en el llamado crimen organizado, que pide hasta 50 mil pesos a los camiones que pretenden ingresar al Ingenio Casasano.
Todo ha sucedido en Cuautla, un municipio que parece navegar desde hace tiempo entre la criminalidad y la falta de gobierno, en donde el presidente municipal ha preferido pelear con reporteras que con los criminales que asolan la demarcación que es su responsabilidad.
Lamentablemente la impunidad con la que puede intervenir el crimen organizado en la vida de todos nosotros también afecta nuestra realidad política, erosionando la legitimidad de partidos y candidatos que, sin deberla ni temerla, podrían ver opacado el brillo de sus triunfos -y toda su gestión-, por la sombra de la intervención de actores al margen de la ley.
Lamentablemente, Morelos no es un caso aislado – de acuerdo a Data Cívica, desde el 2018 a febrero del 2024, 113 candidatos, aspirantes e incluso familiares de los contendientes han sido asesinados en el país- pero problema de muchos, consuelo de tontos, como dicen.
Este es un problema que además de ser atendido por las instituciones de seguridad, debería ser tomado con toda la seriedad por partidos y candidatos, como principales interesados en limpiar sus triunfos electorales a toda costa; algunos de sus participantes en la contienda electoral no deberían ser presa del miedo por hacerse presentes en la mayor justa ciudadana, aunque ese temor sea reflejo de su propia desconfianza en que el Estado pueda mantenerlos sanos y salvos, como le sucede a muchos ciudadanos de a pie, los que irán a votar el próximo 2 de julio.