Ayer en este espacio nos preguntábamos si alguien saldría vivo de nuestro contexto de violencia rampante, y la realidad nos respondió que las cosas están peor de lo que imaginamos.
A la larga cauda de violencia e inseguridad que arrastra la cada vez más heroica ciudad de Cuautla, ayer se sumó a los registros el homicidio de Darío García Cortés, coordinador del transporte del Ingenio de Casasano, en donde funge como representante de los productores el regidor Miguel Barranco García, cuyo domicilio fue rafagueado el fin de semana, alejando la posibilidad de imaginar siquiera una mala coincidencia.
Como si fuera cosa de todos los días, y quizá para no interrumpir su mega puente vacacional, las autoridades se han tomado todo con calma y ninguna se ha pronunciado sobre los hechos.
Como también comentamos ayer, el único que se ha atrevido a hablar sobre el tema ha sido el Obispo de Cuernavaca, monseñor Castro Castro, quien señaló que lo que está detrás es el crimen organizado y sus pretensiones de cobrar derecho de piso incluso a los vendedores informales y a las tortillerías. El Obispo dijo que la cuota para dejar pasar camiones con caña de azúcar al Ingenio es de 50 mil pesos.
Así es que los cañeros -productores de una de las industrias puntales en el estado- tienen graves problemas y, por lo visto, se las tendrán que arreglar solos, como lo deben de hacer la vendedora de hamburguesas de la acera o los expendedores de tortillas en Cuautla.
Pero el problema va más allá, pues tanto García Cortés como Barranco García tienen presencia en el ámbito político, el segundo, sin ir muy lejos, busca la reelección en la regiduría que actualmente ocupa y el primero fungió como colaborador de primer nivel del expresidente municipal Jesús Corona Damián, quien busca ocupar el cargo nuevamente.
Así es que tenemos dos malas situaciones: la inseguridad impune que hace que la criminalidad no tenga temor a nada y, el contexto político en el que nadie desea ver inmiscuido al crimen organizado. Y en nuestra realidad es difícil separar ambas situaciones y pensar que es mera coincidencia.
Por eso es de alabar que, ante el silencio del gobierno estatal, de la Comisión de Seguridad, de la Fiscalía General y hasta del Ayuntamiento de Cuautla, las tres candidatas a la gubernatura hayan tomado la iniciativa y no solo censuren los hechos sino que propongan alternativas para atender la situación.
Pero ya sea llevando a la Mesa de Seguridad o radicando a más militares en la zona para reforzar la seguridad, quienes por el momento todavía tienen la atribución de tomar decisiones y la responsabilidad de dar la cara, no dan muestras de estar al tanto de lo que sucede en el estado ni en el municipio, en donde han permitido que el crimen se apodere de las calles y de la tranquilidad de los morelenses.
Este es un retrato de cuerpo entero de las llamadas “autoridades” que todavía tenemos.