Justicia a medias y la impunidad de todos los días
Ayer en la capital del estado se realizó una marcha más en demanda de que las instituciones que dicen proteger a la ciudadanía demuestren que sirve para algo el salario y el presupuesto que reciben.
Un número significativo de morelenses indignados recorrió las calles de Cuernavaca para denunciar que, a nueve años del sanguinario asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado, defensor de la tierra y de jornaleros migrantes, no se han concluido las investigaciones que se supuestamente se realizan para esclarecerlo.
Cabe señalar que están en prisión los cuatro supuestos autores materiales del homicidio, pero no se ha esclarecido de quién recibieron las instrucciones para perpetrar el crimen a pesar de que existen indicios, y hasta grabaciones, que deberían servir para avanzar en el caso.
Gustavo Salgado Delgado, era un notable militante del Partido Comunista Mexicano, desapareció el 3 de febrero de 2015 y un día después se encontró su cuerpo severamente mutilado en las inmediaciones de la carretera Moyotepec-Piedras, en el municipio de Ayala.
Los manifestantes recordaron otros casos de activistas y ambientalistas que deben estar reposando en alguna papelera de la Fiscalía del Estado, como los de Samir Flores, Rodrigo Morales, Isaac Medardo Herrera Avilés y hasta el de María Fernanda Rejón Molina, la recordada “Mafer”.
Pero a la lista se podrían agregar los nombres de muchos más; sin ir demasiado lejos, los de trabajadores del Instituto de Salud Pública en Huitzilac, el de un funcionario municipal y un líder de comerciantes en Cuautla y el de una diputada en Cuernavaca. Además de las decenas de homicidios dolosos que diariamente se suman a la lista negra de la impunidad galopante en nuestro estado.
Para quien defina “impunidad” como falta de tiempo ante un exceso de trabajo, habría que recordarle que este fenómeno no es nada menor y que vulnera el corazón mismo de la sociedad: la impunidad criminal es la falta de castigo frente a acciones que violan la ley y los derechos humanos, se materializa cuando los responsables de cometer delitos no son llevados ante la justicia, lo que resulta en una ausencia de responsabilidad legal, reparación a las víctimas y, sobre todo, una violación al derecho de acceso a la justicia.
La impunidad no solo socava los fundamentos de la legalidad y el Estado de Derecho, sino que también erosiona la confianza de la sociedad en sus instituciones, favoreciendo un ciclo de violencia y más crimen. Genera una sensación de inseguridad y vulnerabilidad entre la población, al percibir que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley, lo que inevitablemente debilita el tejido social, donde la desconfianza hacia las instituciones y la ley debería prevalecer.
Por si fuera poco, la impunidad fomenta la repetición de delitos, ya que los potenciales criminales se sienten incentivados a delinquir al ver la baja probabilidad de ser castigados.
Este debilitamiento del tejido social y la falta de confianza en las instituciones y en la ley son el verdadero origen de tantas marchas y manifestaciones que ya son parte de la vida cotidiana en Cuernavaca. Es un grave síntoma de una sociedad que no se siente respaldada por sus gobernantes e instituciones. Este es el peor efecto que todos tenemos que padecer porque algunos optaron por no cumplir con sus responsabilidades o, peor, que decidan anteponer intereses económicos, políticos o personales a los de toda la sociedad y el estado.