El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos negó el acceso a la escuela a Diego, una persona con discapacidad cuya mayor ilusión, por el momento, es asistir a una escuela secundaria que atienda sus necesidades especiales. Aunque cumplió 18 años, Diego es funcionalmente un niño por lo que un juzgado le otorgó el amparo que obliga a la autoridad educativa a aceptarlo, inscribirlo y atenderlo en el plantel que requieren sus necesidades.
Aunque el amparo fue concedido desde enero pasado, la dependencia, que dirige Eliacín Salgado de la Paz ha sido omisa en el cumplimiento de este, lo que lesiona el derecho de Diego a recibir educación y desacata un mandato judicial, lo que constituye una omisión de los servidores públicos que podría ser catalogada como grave.
El daño que la autoridad educativa ha provocado a Diego, por las particularidades de su condición, puede ser irreparable. Los responsables de tal agresión tendrían que ser sancionados de manera ejemplar, especialmente si se comprueba que su omisión deriva, como dice la diputada Andrea Gordillo, sólo “del capricho de no ayudar”.
La lucha de Graciela, madre de Diego, representa también a decenas de familias cuyos hijos han sido marginados por el sistema educativo de Morelos, que parece haber olvidado la importancia de la inclusión no sólo como un componente para el desarrollo, sino como un acto de elemental humanidad. Ese componente la vuelve mucho más trascendente y probablemente sea también el motivo de que el IEBEM atrase indebida e injustamente la determinación para que Diego asista a la escuela.
Pero podría haber otro motivo, mucho menos ubicado en el cálculo político de una determinación, lo que lo volvería aún más censurable.
Cuando en enero se concedió el amparo a Diego, los funcionarios que toman decisiones como la que Diego requiere para que se cumpla la orden del juez y se reconozca y atienda su derecho a la educación, estaban ocupados (llevaban meses en ello) en formar un bloque con el que intentaron hacer presión política dentro de un partido político que les permitiría acceder a candidaturas para cargos de elección popular, sea por la vía de mayoría o de representación proporcional. La actividad política de ese grupo de funcionarios inició desde mediados del año pasado y no se ha detenido desde entonces.
La búsqueda de asignaciones en la función pública es un derecho de todos los ciudadanos, pero distraer las obligaciones y lesionar los derechos de las personas constituye un delito que tiene que ser sancionado mucho más allá de la pérdida de oportunidades políticas.
Velar por los derechos de Diego es, finalmente, luchar por los de la niñez y juventud morelenses, frecuentemente lesionados e ignorados por estas autoridades educativas.