Históricamente, la mayor fuente de ingresos en Morelos ha sido la función pública. El problema que podía percibirse desde fines del siglo pasado y las crisis recurrentes de la época, se fue agravando durante los últimos 25 años, que han visto cerrar a más de la mitad de las empresas tradicionales de Morelos, y reducir sus plantillas laborales a muchas otras.
El gobierno, en sus diversos niveles y esferas ocupa a casi uno de cada diez empleados formales, y casi todo el resto de la planta productiva debe hacer negocios de algún tipo con el sector público para sobrevivir. Esto genera una enorme presión en las instituciones para repartir los recursos entre proveedores, lo que vuelve sumamente preciadas las decisiones que los gobiernos toman en materia de contratos y adquisiciones, a pesar de las incomodidades que significa hacer negocios con los gobiernos (excesos de trámites, lentitud en los pagos, reglamentaciones y controles sumamente rígidos).
El exceso de posibles proveedores de bienes y servicios paradójicamente no favorece escenarios de competencia leal, sino la discrecionalidad en las asignaciones que, regularmente se acompaña de actos de corrupción. Las normas se tuercen para favorecer a quienes están dispuestos a entrar en estos esquemas a cambio, no de la mejor oferta en términos de costo y calidad, sino de quienes están dispuestos a dar más de sus ganancias, no en beneficio de un menor precio, sino a favor de quienes asignan los contratos. Es un esquema que se repite ante la falta de controles y al que las empresas están prácticamente obligadas a entrar ante la falta de mercados en el sector privado.
Entonces, cualquier proyecto de combate a la corrupción que no considere la necesidad de impulsar el desarrollo económico de Morelos será en extremo limitado. La buena voluntad no suele vencer a las realidades en tiempos de crisis y proyectar el fin de la corrupción a partir de una apuesta a la honestidad en el servicio público ha demostrado ser sumamente riesgoso.
Lo que Morelos necesita es una menor dependencia del gasto gubernamental, y para ello el gobierno debería invertir en el desarrollo económico: fomentar la inversión, la industria, el turismo, la producción agropecuaria, los servicios que ofrece el sector privado, bajo un esquema que permita que a los particulares hacer negocios más allá de los gobiernos. Eso favorecería no sólo la reducción de tentaciones para la deshonestidad en los gobiernos, sino también el que los empresarios estén dispuestos a denunciar cuando se enfrentan a prácticas deshonestas ante las que hoy callan para no quedar fuera del catálogo de proveedores.
Mucho debe hacerse para frenar la corrupción en Morelos, pero éste sería un gran primer paso.