En las contiendas electorales es común que los bandos se polaricen y está visto que, a mayor ruptura entre ellos, resulta más frecuente que se culpe a los órganos electorales de lo que ocurre bajo la responsabilidad primera, y probablemente única, de los actores políticos participantes.
La de Morelos está siendo una disputa política sui géneris, el estado sigue en una crisis política profunda que radicaliza las posiciones de unos y otros, entorpece el diálogo, favorece el crecimiento de rencores, enconos y desconfianza, y en medio de todo ello hay un órgano electoral que, parte por incomunicación y otra por estrategias de los bandos, es frecuentemente cuestionado por los actores políticos.
El problema, según todo apunta, no radica en la presencia de una presidenta del Consejo Estatal Electoral que ha sido ferozmente atacada por dos de las tres coaliciones que contienden por la gubernatura. Ellas y sus representantes saben que las decisiones del órgano electoral se toman en un colegiado integrado por siete consejeros donde el voto de la presidencia vale solo por uno.
La desconfianza se funda más en la cantidad enorme de denuncias en contra de dos de las contendientes, que la Comisión de Quejas del Impepac y luego el Consejo Estatal Electoral han desechado por argumentos diversos que no son adecuadamente difundidos por la autoridad electoral, lo que despierta suspicacias en los actores políticos que han promovido las denuncias en contra de sus oponentes.
La presidenta del Impepac no es la primera que ha sido cuestionada por sus relaciones personales. Una de sus antecesoras ya había sido señalada por haber participado previo a su nombramiento en asambleas fundacionales de un partido político, aún con ello, el proceso electoral local del 2018 fue incuestionable porque el diseño institucional del órgano electoral impide que la voluntad de una sola persona tuerza el resultado del voto ciudadano.
En todo caso preocupa que, entre limitaciones presupuestales y operativas, el órgano electoral no está siendo todo lo rápido y claro que se esperaría para resolver la enorme cantidad de quejas que como ya se había pronosticado, abundan desde meses antes del inicio de las campañas y se siguen acumulando todos los días en contra de prácticamente todos los contendientes.
A nadie conviene un órgano electoral debilitado por las sospechas, por la falta de presupuesto, por la poca claridad en sus determinaciones. A menos de dos meses de la elección, resulta urgente que ofrezcan las respuestas necesarias, y que empecemos a hacer las preguntas correctas.