Más de un año después de que la propaganda política empezó a fijarse profusamente en las unidades del transporte de pasajeros en Morelos, la Secretaría de Movilidad y Transporte recordó la existencia de una norma que obliga a los concesionarios a pedir la autorización de la autoridad para fijar propaganda de cualquier tipo dentro o fuera de sus unidades.
Sin duda es bueno que sociedad y gobierno respeten las leyes justas y que buscan mantener cierto orden en las concesiones que otorga el Estado. Lo que llama la atención es la ausencia de la aplicación de la norma durante todo el año anterior y el primer trimestre del actual, en que la publicidad personalizada de personajes que hoy son candidatos a diversos cargos abundaba; y la renovada preocupación por hacer cumplir un reglamento que, por cierto, podría resultar lesivo para las libertades de expresión y políticas de los transportistas en Morelos.
Cierto que el exceso de publicidad afea las ciudades, puede ser vehículo de mensajes engañosos y perjudiciales para la sociedad o generar desequilibrios en contiendas comerciales o electorales. Pero también lo es que para sancionar la mala fe que puede provocar tales efectos, hay leyes suficientes en el estado y el país. Así que la aplicación de esta norma específica justo en periodo electoral y después de meses de no haberla implementado, contribuye al encarecimiento de un proceso electoral que se disputa en las plazas y calles, pero también en espacios publicitarios y tribunales.
Para citar al clásico “pero qué necesidad”, más cuando la autoridad del transporte en Morelos está fuertemente vinculada a uno de los candidatos participantes en la contienda y justo cuando los partidos adversarios al suyo tienen por fin el acceso a la publicidad en el transporte público que les negaba la ley electoral hasta el 31 de marzo pasado.
Las abuelas recomendaban no hacer cosas buenas que parezcan malas, y pretender aplicar una norma de manera selectiva y ya iniciada la contienda electoral y la contratación y colocación de propaganda política en el transporte público, sin duda parece terrible.
Los transportistas se quejan de la discrecionalidad y dilación en la aplicación de la norma. A lo mejor lo único que podría alejar la sospecha es derogar la prohibición o convertirla en una absoluta restricción: que nadie anuncie nada, y eso costaría el empleo a cientos de familias dedicadas a la publicidad en transporte público. Así de grave es la discrecionalidad y esos son los efectos extremos de la suspicacia.
Lo que menos requiere una contienda electoral en un estado tan polarizado como Morelos es que el gobierno tome determinaciones que parezcan inclinar la balanza por una u otra fuerza política. Comprometer la certeza de la disputa democrática también debería ser sancionado, mucho más que los anuncios en taxis y rutas.