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Antes de la pandemia por Covid-19 en Morelos había 90 mil negocios, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que también estima en 37 mil el número de unidades económicas que cerraron definitivamente en el estado a causa, primordialmente, de la crisis provocada por la emergencia sanitaria que duró poco más de dos años en el país.

El escenario en Morelos ya era complicado antes de la pandemia. El estado había cerrado el 2019 con un descenso de 2.5% en la economía local, había perdido 776 empleos formales ese año y la informalidad laboral alcanzaba al 64.5% de la población económicamente activa. La pandemia empeoró la crisis que ya se podía prever entonces derivada de factores diversos, como la inseguridad, la falta de políticas de impulso económico, la desconfianza en el sector empresarial, la reducida capacidad de consumo, y otros factores que apuntaban a una caída importante en la producción, el empleo y el consumo en el estado. La de la pandemia, fue entonces una crisis que se sumó a la que se veía venir por indicadores económicos que oscilaban entre mediocres y terribles, y de la que el estado no se ha podido recuperar aún.

Frente a ninguna de las crisis el gobierno de Morelos tuvo una respuesta. La ausencia de políticas públicas para estimular la apertura de negocios, los paliativos para evitar el cierre de los ya establecidos, los estímulos a quienes generan empleos formales, la acción del Estado como promotor eficiente del mercado interno, era evidente antes, durante y después de la pandemia.

El estado ha sido incapaz, incluso de ofrecer a los negocios de todo tamaño la seguridad suficiente para operar sin sobresaltos. Si la pandemia fue el principal motivo para el cierre de miles de negocios, la acción de la delincuencia en todo el estado seguramente ocupa el segundo lugar. El cierre de restaurantes, bares, tortillerías, tiendas de abarrotes, locales comerciales en mercados, en los últimos catorce meses (desde el fin de la emergencia sanitaria a la fecha), está mucho más asociado con la inseguridad que con factores internos como la falta de capacitación para operar negocios y otros problemas administrativos o de mercado.

El gobierno estatal ha evadido entrar a un diagnóstico real de las afectaciones que padecen los negocios de Morelos que incluyen cambios de modalidades de trabajo, disminución de horarios de servicio, aumento del presupuesto dedicado a la autoprotección, y en casos más graves el cierre. Esta omisión vuelve imposible el diseño de políticas públicas funcionales para mantener operando las unidades económicas y los empleos que ellas generan.

Las herramientas que ofrece la información que brinda el INEGI pueden ser el punto de partida, pero sin diseñadores serios de políticas públicas dedicadas al desarrollo económico, el estado seguirá condenado a la profundización de una crisis que ofrece mejores indicadores que los del 2020 y 2021, pero dista mucho de los que registraba el estado hace menos de una década.