A un par de días del inicio oficial de las campañas a la gubernatura del estado, el reporte sobre violencia política del despacho de consultoría política Integralia es, por decir lo menos, anticlimático y muy preocupante.
El despacho dio seguimiento a los casos de amenazas, ataques y hasta homicidios que apuntaran directamente al entorno electoral desde el pasado mes de septiembre hasta el lunes pasado. El total de víctimas que logró identificar fue de 127 entre aspirantes, candidatos, funcionarios públicos y hasta los familiares de todos ellos. Morelos salió tercero en número de víctimas con 36, después de Michoacán y Guerrero, ambos con 56.
Llama la atención la agudización de la violencia política en nuestro estado que, como todo mundo sabe, no es de los más poblados ni con un gran número de electores, por lo que la incidencia de los votos morelenses en las elecciones federales está lejos de ser determinante. Aún así, hubo fuerzas políticas que decidieron no postular a nadie en algunas zonas por haber recibido advertencias-amenazas de que mejor hicieran campaña por otros rumbos.
La situación de la violencia política en Morelos apunta más allá de la conformación de la Cámara de Diputados o la ejecución de planes de gobierno para tal o cual región, más bien pareciera señalar a la forma en que se desarrollan las “habituales” actividades irregulares más allá de la cuestión política, es decir, que se podría estar atestiguando la tan temida intervención del crimen organizado en el proceso electoral, factor que todos los participantes, ya sean organizaciones sociales, especialistas o el clero advertían desde hace tiempo.
De hecho, el mismo despacho autor del diagnóstico de violencia política, había advertido hace algunos meses que uno de los principales riesgos para las próximas elecciones era que “grupos criminales aprovecharan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos” (Integralia, “Diez Riesgos Políticos para 2024”. Enero 2024).
No es imaginar demasiado si leyendo el párrafo anterior usted se remitió a municipios tan sufridos como Cuautla y los hechos que todos hemos atestiguado en las últimas semanas, entre las que se incluye un homicidio, el cierre tanto de escuelas como de todo un Ingenio azucarero.
Tampoco es querer ser fatalistas si todo lo anterior nos remite a la evidencia de que las autoridades se han visto desbordadas por la criminalidad, como ha sucedido en Chilpancingo o Acapulco, en uno de los estados que aparecen en primer lugar en el diagnóstico de Integralia.
El problema de la violencia política no se limita a los propios candidatos, ni se solucionancon pulseras de pánico, como se ve, tiene que ver con una responsabilidad directa del Estado para no perder el control de aquello que le da razón de ser, que es la seguridad de la ciudadanía -no solo de políticos y candidatos-, y todo el tiempo, no solo en épocas electorales.