Ayer un par de sujetos persiguieron a bordo de una motocicleta a un funcionario público quien logró guarecerse en la institución en donde presta sus servicios: El Tribunal Electoral del Estado. Los atacantes no se amedrentaron a pesar de la presencia de los elementos de seguridad de la institución, al contrario, quisieron continuar su persecución al interior del estacionamiento, por lo que fueron repelidos por los guardias.
Hace un par de días, hubo una marcha multitudinaria por la muerte de Mafer, María Fernanda Rejón Molina, asesinada en diciembre pasado y quien por su activismo social y su reconocimiento público se ha convertido rápidamente en un estandarte contra los feminicidios y contra la violencia que impera en el estado. Ese mismo día, la administración estatal retiró la invitación que había hecho a líderes partidistas a asistir a la sesión de la llamada “Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz”, que se realizará hoy, 19 de enero.
Ya no es una exageración decir que Morelos se encuentra colapsado por la inseguridad y el crimen, no sólo se encuentran los sucesivos récords nacionales de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones y secuestros, los lamentables hechos de estos últimos días demuestran, más allá de las estadísticas, la ineficacia de los esfuerzos “para la construcción de la paz” en nuestro estado.
El alegato de las autoridades para levantar la invitación a los lideres políticos -quienes, por otro lado, con claro interés electoral, han criticado fuertemente los nulos resultados obtenidos en materia de seguridad- fue que realizar sus trabajos a la vista del público podría comprometer la seguridad pública.
Todos los días encontramos nuevas evidencias que demuestran que la seguridad pública en Morelos está seriamente comprometida y la secrecía en la que se obstinan en mantener los trabajos -a pesar de la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)-, no ha servido para nada, como lo pueden demostrar no solo los sucesos arriba recordados, sino también los recientes homicidios de Cuautla.
Ningún plan de seguridad podrá tener éxito sin la participación de la sociedad. Un plan de seguridad pública debe ser un documento transparente que comparta información relevante con la sociedad para fomentar la conciencia y la colaboración, aunque es comprensible que cierta información, como operaciones en curso y datos confidenciales, deba mantenerse en secreto para proteger la seguridad y la eficacia de las medidas que se adopten, pero estos temas tampoco deberían ser ventiladas en los desayunos tan concurridos y tan bien atendidos como en los que suele sesionar la Mesa de Seguridad.
El análisis de amenazas, las políticas de seguridad, las medidas de prevención del crimen, la aplicación de la ley y la justicia, la atención a las emergencias y la evaluación de los esfuerzos desarrollados, deben ser compartidos con todos nosotros, no solo con la clase política; quizá aquí estribe la razón por la que se prefiere mantener como confidencial el contenido de las Mesas: sus integrantes deben saber que están rebasados y que no tienen idea de cómo arreglar el asunto. Y, así, los tendremos que seguir evaluando por sus resultados, entre estadísticas y la acumulación de cadáveres e ilícitos.