Como sucede en el penal de Michapa en donde las internas sufren de una epidemia de suicidios y cuyas condiciones no mejoran a pesar de ser señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como favorecedoras de conductas antisociales y hasta de fomentar impulsos suicidas, en Atlacholoaya las cosas no pintan mejor.
Hace unos días se trasladaron 182 personas privadas de su libertad a distintos penales del país y alguien hizo mentir al Ejecutivo estatal, como si no tuviera ya suficientes problemas. El gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco aseguró que el traslado de los casi doscientos internos se había realizado en total apego a los derechos humanos y que incluso el movimiento había sido acompañado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado.
Oficialmente se aseguró que el movimiento se había realizado en atención a las observaciones de la CNDH para “atender el factor de hacinamiento de los Centros Penitenciaros en el Estado de Morelos, debiendo considerar que la sobrepoblación es considerada como generador de violencia e imposibilita la capacidad de cubrir necesidades básicas para la operación de los centros penitenciarios”.
Esta acción fue coordinada por la Dirección Operativa Penitenciaría, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Policía Morelos y elementos de seguridad y custodia adscritos a la Coordinación del Sistema Penitenciario: “Cabe señalar que el traslado fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos” subrayó en dos ocasiones en su boletín de prensa.
El problema es que desde el viernes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos desmintió al gobierno estatal porque simplemente no los invitaron. También oficialmente señaló que “no fue solicitada, por ninguna autoridad estatal, la participación de esta Comisión en operativo alguno, no se tuvo conocimiento en tiempo y forma, por lo tanto, no se acompañó la supervisión de dicho traslado”. Y no solo eso, invitó a las familias de las personas que fueron reubicadas para que se acerquen a ese organismo en caso de que consideren que se vulneraron sus derechos.
Las familias, por su parte, no tardaron en reclamar pues, si no le avisaron a la CDHEM, mucho menos a ellas y ni siquiera a los internos, pues algunos de ellos se comunicaron con sus familias un día antes del movimiento y no les comentaron nada.
Pero la historia parece tener un fondo de corrupción, pues los mismos familiares acusaron de que las autoridades del penal habitualmente piden cuotas a las familias para no enviar a sus internos a otro estado; son sumas que oscilan entre los 20 mil a los 50 mil pesos, señalaron.
Probablemente a las “autoridades” del penal les urja unirse con sus huéspedes algunos de los cuales deben estar presos precisamente por el delito de extorsión y cohecho.
Qué bueno que el Ejecutivo esté consciente por lo menos de algunas de las observaciones de las instituciones de Derechos Humanos, qué malo que le mientan y lo hagan mentir, pero es peor aún que disfracen la corrupción y que a falta de pago de la extorsión alejen a los internos de sus familias, una de las pocas cosas que los haría buscar alguna posible reinserción social, como reconoció el mismo gobierno en su comunicado.
Todo este asunto ameritaría una investigación a fondo aunque, como se ve en Michapa, incluso la gente se puede estar muriendo y nadie parece querer mover un dedo o asumir una molécula de responsabilidad.