Si los profesores se quejan de impartir clases en tiendas de campaña soportando -con sus alumnos- temperaturas de 40 grados; si a las enfermeras se les niega equipo de protección para atender enfermos sospechosos de padecer enfermedades contagiosas o si a los cadetes de policía se les niega el pago que se les prometió ¿con qué cara se les puede reclamar nada?
Los policías, los bomberos y el personal de limpia cumplen labores vitales para todos nosotros y, dado el contexto estatal en donde impera el trabajo informal, todos nos deberíamos sentir agradecidos de que haya personal fijo para realizar estas tareas, aunque algunos parecen querer regatearles el empleo, sus salarios y prestaciones.
Ahora tenemos un problema con las cuadrillas que se encargan de fumigar y sacar cacharros de predios y hogares en el combate de enfermedades que portan mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya, a quienes, por adeudárseles tres meses de viáticos -o gastos de camino, como les llaman- han decidido dejar de gastar su salario para realizar sus labores.
Son alrededor de 150 trabajadores que afirman que la falta de pago es recurrente y, como cada año, su sindicato ya negocia con las autoridades para que agilicen la liberación de los recursos.
Y podría pasar como parte de los usos y costumbres de la burocracia estatal si no fuera porque, a pesar de que no estamos en temporada pico de este tipo de padecimientos -los “vectores” o mosquitos prefieren las temporadas de lluvia, cuando hay aguas residuales en multitud de sitios escondidos- Morelos ya presenta un récord histórico de enfermos de dengue.
Si en algún momento la responsabilidad de este personal en específico resultaría crucial es precisamente en esta temporada: muchos contagios previos a la temporada alta.
Nadie piensa que por desdén se corra el peligro de vivir una nueva epidemia, pero sí es una muestra tangible de que prevalece la falta de oportunidad y de previsión. Sobre todo si todos los años es la misma cantaleta.
Al dejar que las cosas transcurran como siempre, implica seguramente dejar desatendida una sobrecarga de requerimientos burocráticos o tomar como natural un exceso de complejidad administrativa para permitir que se atiendan los problemas sin descuidar los aspectos estratégicos de la atención a la ciudadanía -como en este caso, el combate a enfermedades trasmisibles- o dejar que los trabajadores usen parte de su salario para cumplir con las obligaciones que todos les otorgamos.
Quizá, parte de los usos y costumbres de la burocracia estatal consiste en esperar que algún problema haga crisis para atenderlo, como es el caso de las múltiples protestas por las escuelas en malas condiciones, la falta de implementos en centros de salud o por falta de pagos oportunos para los servidores públicos de a pie, pero ahí estriba el quid del asunto: en cada crisis, por pequeña que sea, se pone de manifiesto la capacidad real de quienes la hubieran podido evitar actuando oportunamente, quizá solucionando esos pequeños detalles que, a la larga, generan un problema mayor.