Algo que no podría criticarse a la LV Legislatura, que esta semana inició su último periodo ordinario de sesiones, es su calidad de contrapeso con los poderes públicos de Morelos, particularmente con el Ejecutivo estatal al que ha acotado, criticado y señalado desde el inicio de la representación, en septiembre del 2021. Por eso no debería de extrañar que algunos legisladores valoren la conveniencia de que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se separe del cargo antes del 30 de septiembre, fecha en que concluiría su periodo constitucional en el cargo.
Pero no fueron ellos los primeros en promover la idea de que el gobernador dejaría Casa Morelos antes del término de su mandato. El primero en coquetear con la idea fue el propio gobernador, quien proyectó en algún momento buscar ser candidato en este 2024 a otro cargo de elección popular, lo que le habría obligado a solicitar licencia a la gubernatura, y así lo decía él mismo en septiembre del año pasado. Aunque para entonces el distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo era enorme y lleno de fricciones, los diputados no habían planteado como recomendación o necesidad que el gobernador dejara el cargo… hasta entonces.
De hecho, la LV Legislatura tiene desde abril del 2022 las tres solicitudes que le hizo la Fiscalía Anticorrupción del estado para desaforar al gobernador y poderlo procesar por presuntos delitos cometidos en su encargo. Los diputados no procedieron entre otras cosas por un argumento de gobernabilidad. El procedimiento de reposición del mandatario sería largo y desgastante y podría agravar la crisis política de Morelos. El argumento de la legislatura fue, curiosamente, el mismo que dio el gobernador cuando avisó que siempre ni solicitaría licencia al cargo.
A ocho meses de que concluya la administración de Cuauhtémoc Blanco y seis de que la LV Legislatura deje el Congreso local, el escenario es diferente según la percepción de algunos diputados que consideran la salida del gobernador como una posibilidad para aprovechar los pocos meses que quedan en proyectos emergentes que ayuden a la recuperación del estado.
Pero las cosas no han cambiado tanto. Si algo hemos aprendido los morelenses en las últimas dos décadas es la necesidad de tener un andamiaje jurídico que facilite cubrir las ausencias de los responsables de la administración pública y los órganos autónomos. Mantener a un funcionario en el cargo solamente para evitar una crisis mayor en el gobierno de cualquier institución seguramente es el peor argumento de permanencia de cualquier político en su puesto.
El Congreso dio un paso importante cuando logró dar certeza jurídica a los órganos autónomos en caso de ausencia de sus titulares. Faltó, probablemente, el mecanismo de reposición más importante, el que toca a los responsables de los poderes ejecutivos estatal y municipales y que resulta indispensable para garantizar que procesos democráticos como la revocación de mandato, o jurídicos como los juicios políticos, no alteren la normalidad institucional de los gobiernos y se mantengan lo más cercanos posible a la voluntad popular. Ese sigue siendo un gran pendiente.