Desde que inició la administración de José Luis Urióstegui Salgado en el Ayuntamiento de Cuernavaca, se ha tratado de poner orden a los bares y centros nocturnos de la ciudad en un intento por rescatar la vida nocturna del estado. Se ha llamado a los propietarios a la regularización, a reforzar la seguridad de sus establecimientos, a respetar los horarios de funcionamiento y, sobre todo, a coordinarse con la autoridad para proteger a sus clientes y a los vecinos de estos negocios.
Es una tarea urgente, especialmente porque, frente al evidente abandono del gobierno estatal a su tarea de prevención del delito en Cuernavaca, la ciudadanía y su ayuntamiento, requieren mucha mayor coordinación y esfuerzos para frenar el riesgo de violencia. Y aunque muchos sectores de la sociedad se han sumado a la coordinación con las autoridades municipales, también han faltado muchos propietarios de bares y antros de la ciudad, particularmente por el interés de perpetuar sus condiciones de ilegalidad a través de amparos y estrategias legales para evitar acatar la norma municipal y las clausuras se sus establecimientos.
Los hechos violentos en los bares de Cuernavaca y sus alrededores son una realidad a la que ha contribuido mucho más la ilegalidad con la que han decidido operar muchos de esos establecimientos, que su giro. Mientras no haya la disposición de los propietarios de antros para regularizarse y proteger a sus clientes y vecinos, el riesgo de violencia permanecerá.
El Ayuntamiento de Cuernavaca ha sugerido, en reiteradas ocasiones, la instalación de arcos detectores de metales, los filtros de seguridad a la entrada y dentro de los establecimientos, el respeto a los horarios de cierre, la coordinación estrecha con la policía municipal, la conexión de cámaras de seguridad al centro de comando policiaco, y otras medidas que funcionarían para reducir los riesgos y permitir una eficiente vigilancia y respuesta ante eventualidades. Pocos de los empresarios se han sumado, a pesar de que la protección de su clientela tendría que ser la primera de sus preocupaciones.
Convendría ahora que el Ayuntamiento concediera un distintivo a los bares que sí cumplen con la norma y protegen a sus clientes y ofreciera un listado de los que representan un riesgo para quienes a ellos asisten y sus vecinos. Con ello, la ciudadanía podría estar protegida y dejar de correr riesgos cuando sale a divertirse. Parte de divertirse con responsabilidad pasa por evitar asistir a sitios que no garantizan la seguridad de pasar un rato agradable y, sobre todo, a salvo de la violencia.