El gobierno de Morelos reconoció que la Auditoría Superior de Fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, ha observado entre el 2019 y el 2022 la aplicación de más de tres mil millones de pesos de recursos federales, pero advierte que los mismos han sido ejercidos por organismos descentralizados, órganos autónomos y el propio Ejecutivo. Sin embargo, advierte que la mayor parte de los recursos han sido aclarados y otros se encuentran en proceso.
Horas antes de que el Ejecutivo estatal mandara un comunicado en que intenta explicar las cuentas, la senadora Lucy Meza Guzmán, había acusado el “desfalco” al erario cometido por el gobierno de Morelos, y acusaba directamente al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de ser el responsable de que esa cantidad no se hubiera aplicado a prioridades urgentes para Morelos, como la educación, salud y seguridad pública. En este punto ninguna de las partes parece tener razón.
La consulta de los informes de la Auditoría muestra que estos son insuficientes para determinar la inocencia o culpabilidad de los entes que ejercen recursos federales. Desde 2018, la Auditoría determinó que, para eficientar el proceso de revisión de las cuentas públicas, aplicaría revisiones parciales y aleatorias sobre las dependencias que ejercen fondos federales en todo el país, así que las observaciones que cada año realiza a las cuentas públicas sólo sirven como elementos para comprobar el uso de los recursos sobre cuentas específicas y no sobre todos los recursos federales que ejerce el estado y que en la administración de Cuauhtémoc Blanco representan más de cien mil millones de pesos.
Aún con esas limitaciones, la Auditoría ha determinado mal uso de los recursos públicos en Morelos y ha iniciado procedimientos de responsabilidades resarcitorias (devolución de recursos) en muchas de las cuentas públicas del Ejecutivo, organismos descentralizados y órganos autónomos de Morelos. En 2022, la Auditoría practicó quince auditorías a fondos transferidos al estado de Morelos, once al Ejecutivo, dos a organismos descentralizados cuyo mando depende también del gobernador del estado, un ayuntamiento y un organismo autónomo.
De esas revisiones por un importe de poco más de ocho mil 655 millones de pesos, fueron objeto de observación 96 millones 935 mil pesos, de los que se han recuperado solamente 50 millones 642 mil pesos. De los 46 millones 292 mil pesos pendientes por aclarar, la mayor cantidad corresponde al Ejecutivo estatal, con más de 45 millones de pesos correspondientes a tres fondos, Infraestructura Social para las Entidades, Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, y Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en este último se concentran 39.9 millones de pesos, que ya se encuentran en etapa de promoción de responsabilidad resarcitoria.
Las revisiones de otros reportes arrojan resultados similares. Probablemente no sean los montos que señala la senadora Meza Guzmán, pero el Ejecutivo no podría presumir de un manejo de recursos siempre apegado a la norma.