Cuando un contingente de pobladores de Santiago Tepetlapa, en Tepoztlán, decidieron bloquear la autopista La Pera- Cuautla este miércoles por el incumplimiento de la promesa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de construir, como parte de las obras de ampliación de la vía carretera, conexiones para las colonias y poblados del municipio; se vienen a la memoria decenas de historias similares.
Las tomas de carreteras en Morelos por incumplimiento de acuerdos de la SICT son constantes, las vías más afectadas por estos problemas son la Autopista Siglo XXI y La Pera-Cuautla, ambas proyectadas al final de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y construidas en su mayoría durante el mandato de Enrique Peña Nieto. En ese periodo también se edificó el Paso Exprés de Cuernavaca cuyos múltiples defectos constructivos y de señalización, junto con la imprudencia de los conductores, han provocado cientos de accidentes y cobrado decenas de vidas.
El desastre de la dependencia responsable de las obras carreteras en México no deriva sólo de la enorme corrupción con que trabajó durante el sexenio pasado, fenómeno que ha sido documentado en múltiples revisiones. Igual de grave es que los acuerdos a los que se ha llegado con comunidades morelenses para que cedan parte de sus tierras a las carreteras y sus ampliaciones, han sido incumplidos, lo que convierte a las posibles soluciones en materia de comunicación terrestre en problemas aún mayores a los que se presentaban antes.
Quien haya recorrido la autopista La Pera-Cuautla a la altura de Tepoztlán puede notar que la vía parte en dos al Pueblo Mágico, dividiendo a sus comunidades. La ampliación de la vía dificulta el tránsito por el poblado mientras lo facilita a quienes solo van de paso. Por ello la demanda, desde hace una década, de que la ampliación carretera ofreciera conexiones a la entrada del pueblo y a sus colonias y comunidades.
La ruptura de los acuerdos con las comunidades de Tepoztlán niega a sus habitantes el derecho a la ciudad, al desarrollo, al tránsito libre por su pueblo. Pero además evidencia una conducta recurrente de la SICT, apostar al tiempo y el olvido para no verse obligada a cumplir con los compromisos que convierten a las autopistas y carreteras en verdaderas obras de utilidad para las regiones y comunidades por las que pasan, un requerimiento exigible para cualquier inversión pública.
Los morelenses, en su afán de ser escuchados, parecen haber encontrado una forma que, pese a su origen justo, acaba lastimando a miles de usuarios de las carreteras. Tampoco se puede culpar a quienes bloquean porque esa forma de manifestación parece haber dado resultados en la Siglo XXI. El reclamo tendría que ser a la autoridad y no a quienes contra ella se han manifestado.