Hace décadas ya, empezó a hablarse de los riesgos que significa para todo el mundo el fenómeno del cambio climático. Se consideraban desde entonces los graves efectos que la degradación ambiental tendía sobre todo el planeta, y especialmente en la producción agropecuaria, nuestra fuente de alimentación.
Nadie podría decirse realmente sorprendido por efectos como la sequía, la degradación de la tierra de cultivo, la baja producción agrícola, y otros factores ambientales que han generado una crisis sin precedentes en el campo. En México, esos fenómenos se ven agravados por un régimen paternalista que, para mantener precios bajos genera una política de protección y subsidios que han vuelto a los campesinos más que dependientes de los gobiernos, particularmente los estatales a quienes deben recurrir constantemente para aliviar las continuas crisis del campo.
Cuauhtémoc Blanco debió saber de esta condición desde que, en sus giras como candidato, los productores agropecuarios explicaban sus problemas por la poca atención que tenían los gobiernos estatales a sus problemas. Debió saberlo porque en la búsqueda del voto, hizo compromisos de apoyarlos.
Los líderes campesinos de la zona sur hacen un símil del gobierno estatal (y particularmente del gobernador), como un padre que debe ver por sus hijos, los campesinos, para que a Morelos le vaya bien. El mandatario, acusan, ha sido un padre ausente y ha permitido con ello que la crisis en el campo morelense se agudice y los productores experimenten pérdidas de entre 70 y 100 por ciento en su producción, que atribuyen en parte a las condiciones de cambio climático, pero mucho más a la falta de atención por parte del gobierno estatal.
La propia Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Morelos reconocía el abandono cuando en 2022 quien era entonces su titular, Katia Herrera Quevedo, aseguraba que para cubrir todos los programas de apoyo y fomento que se requieren en el campo de Morelos, la dependencia requería un presupuesto de alrededor de dos mil millones de pesos. En el 2023, la oficina logró recursos por menos de cien millones. Podría culparse a los diputados, pero el Ejecutivo proyectó apenas 98 millones de pesos como estimación de gasto de la dependencia.
Cierto que una buena parte de la crisis del campo en Morelos está asociada con la degradación ambiental, que el gobierno estatal tampoco ha sabido contener efectivamente. Pero también lo es que los campesinos han sido abandonados a su suerte por un gobierno que debió prever el tamaño del problema, y ofrecer los elementos para paliar los impactos del deterioro ecológico en el campo, mucho más considerando los efectos económicos y alimentarios que tienen las crisis agrícolas en la región.