El homicidio del comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se inscribe en la ola de violencia que registra más de cinco mil 300 homicidios dolosos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. En esa cifra se incluye más de una decena de líderes sociales, políticos y representantes ciudadanos cuyas vidas terminaron bajo las balas, crímenes que, aún con su connotación política, aguardan en la misma fila que muchos más por esclarecimiento y castigo a los responsables.
En el círculo vicioso del intercambio de culpas, las policías, estatal y municipales y la fiscalía señalan invariablemente la responsabilidad de los otros. Cierto que la impunidad es un factor para la comisión de más delitos, pero también lo es que no hay fiscalía que aguante la investigación de más de cien asesinatos por mes. Lo peor que la sociedad puede hacer es resignarse. La violencia no es permisible en ninguna civilización, y normalizarla contribuye a que las omisiones e indolencia que tanto acusamos en nuestra clase política continúen.
Los anuncios de José Ortiz Guarneros de un aumento en la violencia, el más reciente esta semana, parecieran pintar a los asesinatos como algo irremediable, que tendríamos que esperar la ciudadanía, y las autoridades. Sus palabras no son un pronóstico, sino la renuncia evidente a hacer un trabajo del que el Estado tiene el monopolio, la tarea de la seguridad pública.
La notoriedad del homicidio de Marco Antonio Alvear, no debe distraernos del hecho de que sólo en este mes, más de cincuenta personas han sido víctimas mortales del crimen; que se suman a otras 248 víctimas de homicidios dolosos en los primeros dos meses del año. Con esos datos, el primer trimestre del 2024 ya es el más violento en la administración actual. Y es otro trimestre en que por lo menos un personaje público ha perdido la vida en hechos violentos.
En medio de esta ola de violencia, la discusión sobre el retiro del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, no parece tan mezquina. Un cambio en la estrategia de seguridad pública a estas alturas aún podría salvar decenas de vidas que, de acuerdo con las proyecciones de Ortiz Guarneros están en riesgo inminente.
Condenar públicamente los hechos violentos es tarea de la ciudadanía, a los políticos debe corresponder ofrecer soluciones, y a los funcionarios públicos aplicarlas para evitar que la violencia siga creciendo. Probablemente una baraja nueva permita jugar mejor en la política local. Mientras esperamos la decisión, nos queda exigir mucho, y cuidarnos más.
Lo urgente, en todo caso, es tomar las decisiones que convengan a la paz en el estado, y son muchísimas.