Sin ganas de ser reiterativos, hay algunos funcionarios que, a pesar de sus cargos, parece ser que aún no se enteran en qué estado trabajan. Morelos es una de las entidades con mayores índices de criminalidad y es tan viejo el dato que ya no es necesario citar estadísticas. Aquí pueden matar a activistas, funcionarios y hasta a legisladoras en funciones sin que pase nada.
Por si fuera poco, el proceso electoral que se avecina se vislumbra como uno de los más polarizados que se recuerden y no solo eso, son varias las voces que advierten de la posible intromisión de grupos criminales que no suelen andarse con medias tintas.
El proceso electoral de 2017-2018 fue uno de los más violentos de la historia reciente, con un total de 48 candidatos asesinados desde el inicio de las campañas hasta la fecha de las elecciones, según informes de organizaciones civiles.
La semana pasada, la organización Laboratorio Electoral, en un despacho difundido por la agencia EFE, informó que entre el 2 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, por lo menos 16 personajes que aspiraban a un cargo de elección popular en el actual proceso electoral ya han sido asesinados.
La organización señaló que ha “registrado 33 casos de personas asesinadas directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares”. De ese total, al menos 16 personas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público en las elecciones de 2024, la mayoría de Morena (5), cuatro del PAN, tres eran militantes de Movimiento Ciudadano, dos en el PRD y uno del PRI. Los asesinatos se han registrado en 13 entidades.
En nuestro país no es inusual que los candidatos más incómodos se quiten del paso mediante el uso de la violencia o de las amenazas, como último recurso. La violencia política es una realidad aunque no se quiera hablar de ello, a pesar de que la violencia política no es cualquier cosa, y su combate es parte de la consolidación de la democracia en nuestro país y en nuestro estado.
Con este contexto, nadie puede estar tranquilo con la oferta de la Comisión Estatal de Seguridad de dotar de pulseras de pánico a los candidatos, ni con el ofrecimiento del gobierno estatal de estar pendientes de cualquier eventualidad en el C5. Herramientas que, por cierto, ya operan desde hace tiempo sin que sea tangible que hayan ayudado a frenar los índices de criminalidad.
Los candidatos a puestos federales vendrán y se irán cuando oficialmente inicien las campañas políticas, pero los candidatos a los cargos locales permanecerán en Morelos y aquí sostendrán encuentros, mítines y sus propios eventos de campaña; están en pugna 240 cargos de elección popular y habrá varios aspirantes por cada uno de ellos, lo que representa -y se reconoce- un verdadero reto para las instituciones de seguridad del estado pero, al parecer, como es el sello de la casa, éstas ya están buscando endosar los desaguisados de su propia irresponsabilidad; esperemos que no los haya.