En un estado como el nuestro, que se rehúsa a acostumbrarse a la inseguridad, sigue impactando cuantificar la violencia en números absolutos y porcentajes de muertos, robos, violaciones, feminicidios, secuestros y extorsiones, entre muchos otros crímenes.
Sabemos que tenemos un problema porque de pronto la criminalidad deja de ser un rumor lejano y, cada vez con mayor frecuencia, la atestiguamos en nuestros círculos cercanos o, de plano, nos toca a nosotros ser la víctima directa.
No obstante, con tanta información, las estadísticas comienzan a perder sentido ¿qué es un 96 por ciento de impunidad cuando hay una cifra similar de delitos que no se denuncian? ¿en qué nos afecta que el crimen suba un tres o cuatro por ciento de año en año cuando nos han asaltado dos veces en los últimos meses? ¿qué significa en concreto que nuestro estado se encuentre entre los últimos en el país en cuanto a Estado de Derecho?
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) desarrolla desde hace algún tiempo un estudio en el que los índices de criminalidad se extrapolan a costos, lo que permite dimensionar lo que la inseguridad implica en dinero, recursos que se hubieran podido utilizar para muchas cosas pero que, por las circunstancias, es urgente que se le dediquen a policía, hospitales y juzgados o que representaron un desembolso extraordinario para empresarios y emprendedores en materia de seguridad, gasto que, además de encarecer sus servicios y productos, hubiera podido ser invertido en la expansión y consolidación de sus negocios, más que para permanecer vivos en el mercado.
Así, el IMCO calcula que durante 2023, en el que se reportaron alrededor de 46 mil delitos en nuestro estado, por ese motivo, se distrajeron casi 5 mil millones de pesos, lo que equivale a más de un mes de salarios mínimos por cada morelense mayor de edad.
La criminalidad incide directamente en la productividad del estado al generar un ambiente de incertidumbre e inseguridad. Las empresas se enfrentan a costos adicionales para proteger sus operaciones, lo que incluye desde la contratación de seguridad privada hasta sistemas de vigilancia.
Las pérdidas de horas-hombre de trabajo son otro factor crítico. El crimen obliga a los trabajadores a modificar sus rutinas y horarios, reduciendo su eficiencia. El estrés y la ansiedad generados por vivir en un ambiente inseguro afectan la salud mental y física de los empleados, lo que se traduce en una menor productividad y más días de trabajo perdidos por enfermedad.
El sistema de seguridad y de procuración de justicia también se ve afectado significativamente por la criminalidad. La necesidad de incrementar el gasto en seguridad pública para combatir el crimen desvía recursos que podrían ser utilizados en áreas críticas para el desarrollo económico, como educación, salud e infraestructura.
Más allá de los costos directos, la criminalidad también afecta negativamente la percepción de seguridad en una región, lo que puede desalentar la inversión nacional y extranjera. Los inversionistas buscan estabilidad y previsibilidad para sus proyectos, y un alto nivel de criminalidad es un factor de riesgo que muchos no están dispuestos a correr.
Además, el impacto de la criminalidad no se distribuye de manera uniforme en la sociedad. Las comunidades más pobres y vulnerables suelen ser las más afectadas, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. Esto representa un desafío adicional para el estado de Morelos que tendrá que lidiar con consecuencias sociales a largo plazo.
Gobiernos e instituciones, por indolencia o incapacidad, no solo han permitido que el luto envuelva a familias enteras, su falta de atingencia también ha impactado directamente en la productividad de todo el estado, y en su capacidad de desarrollo, lo que inevitablemente impactará en muchas generaciones de morelenses, por lo menos hasta que se decida a hacer algo al respecto.